La Jabalinada / Bruno Cortés
En México los muertos tienen fecha fija en el calendario, pero la justicia no. A los difuntos se les pone ofrenda cada 1 de noviembre, puntuales, con flor, pan y veladora. A los expedientes, en cambio, nadie les prende ni un cerillo. Este domingo, mientras Palacio Nacional presumía su altar en redes y la presidenta no tenía agenda pública, el país mandó tres recordatorios incómodos: una plaza en Uruapan, unas cárceles a reventar y un informe de la UNESCO que pasó lista.
Empecemos por Uruapan. Hoy se cumplió un año del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde del sombrero, baleado en la plaza durante el Festival de las Velas por un adolescente de 17 años que, a su vez, murió minutos después. Su viuda y sucesora, Grecia Quiroz, encabezó una marcha de miles de personas vestidas de blanco y develó en la Plaza Morelos una estatua de Manzo, con sombrero y el puño en alto. Las cifras de asistencia bailan según quién cuente: las oficiales que citó la prensa van de 2 mil 500 a 5 mil. Pero en la plaza nadie llegó a hacer aritmética.
«No podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien», dijo Quiroz. Y remató, frente al lugar donde cayó su esposo: «la justicia llegará, más allá de lo político». La Fiscalía de Michoacán sostiene que fue una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación, presume 34 detenidos y un avance de entre 90 y 92 por ciento. Quiroz insiste en que la FGR atraiga el caso y busque el móvil político.
Conviene la salvedad: entre la versión de la Fiscalía y la de la familia no hay sentencia que desempate; hay una investigación abierta y dos relatos que se miran con desconfianza. Lo que sí es un hecho es que a la marcha se sumaron madres buscadoras de varias regiones. Y ahí está el retrato completo del país: una viuda con estatua, madres con fichas y un Estado que reporta porcentajes como si la justicia fuera barra de descarga.
Un año después, Uruapan ya tiene bronce. Lo que no tiene es carpeta cerrada.
El segundo tema viene de las cárceles, y lo publicó Reforma en primera plana. Al 30 de septiembre, según el órgano federal de prevención y reinserción social, México tenía 276 mil 873 presos, la población penitenciaria más alta de que se tenga registro y 39.8 por ciento más que en diciembre de 2018. Los 275 penales del país tienen lugar para 231 mil 774 personas. Sobran 45 mil 99 internos. La sobrepoblación es de 19.46 por ciento, pero en Nayarit llega a 257 por ciento y en el Estado de México a 125.
Y aquí viene el dato que debería incomodar a San Lázaro y al Senado: 105 mil 837 de esos presos, el 40.6 por ciento, todavía están sujetos a proceso. Es decir, no tienen sentencia. El catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa creció en 2011, en 2019 y otra vez en 2024, y ya suma al menos 30 conductas. Cada reforma se aplaudió en tribuna como mano dura. Nadie aplaudió la cuenta de las literas.
Traducción jabalí: no es que el Estado haya aprendido a investigar, es que aprendió a encerrar primero y averiguar después. No resolver el delito, sino llenar la celda. No probar la culpa, sino presumirla. No construir fiscalías, sino ampliar el catálogo. La Corte Interamericana ya condenó a México por esta figura en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez. El Congreso respondió con más catálogo. Genios.
Nadie dice que los extorsionadores deban esperar su juicio en la playa. Pero una cárcel con 45 mil personas de más no es castigo: es escuela de posgrado para el crimen, con colegiatura pagada por el contribuyente.
El tercer tema lo trajo El Universal a ocho columnas y es de los que duelen sin hacer ruido. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026 de la UNESCO recoge una investigación de Fernanda Márquez-Padilla, Susan Parker y Tom Vogl: al sustituir Prospera por las becas Benito Juárez, la matrícula de varones en bachillerato cayó 12 puntos porcentuales en las localidades donde el programa anterior tenía alta cobertura. La frase del documento es seca: la caída fue «resultado de la transición de un pago condicionado a uno incondicional».
El comparativo del exsubsecretario Carlos Mancera pone números al hueco. La beca de bachillerato entrega hoy 9 mil 500 pesos al año; Prospera, actualizada a pesos de 2026, equivalía a entre 12 mil 808 y 14 mil 428 para los hombres y hasta 16 mil 401 para las mujeres. En tercero, la alumna recibe 42.1 por ciento menos. Y lo más grave no es el monto: Prospera exigía asistencia, verificada por los maestros. La beca actual, dice Mancera, se paga «sólo por el hecho de estar registrado el primer día de clases».
Hay que reconocer lo que sí hizo la 4T: el gobierno reportó en octubre 19 millones 593 mil estudiantes con beca, un universo que Prospera jamás tuvo. Universalizar no es pecado. El pecado es repartir sin medir y presumir padrón como si fuera aprendizaje. Porque un muchacho que cobra la beca y se va a trabajar a la informalidad no es un logro social: es una estadística con tarjeta del Bienestar.
P.D. 1. — El Senado y sus medallas atrasadas. La Mesa Directiva del Senado, que preside Higinio Martínez, presumió este domingo casi 40 decretos aprobados en dos meses, un nuevo padrón de cabilderos que no se integraba desde 2023 y la propuesta de entregar de un jalón las tres medallas Belisario Domínguez pendientes: 2024, 2025 y 2026. Tres años sin encontrar a un mexicano digno de la máxima presea. Belisario, que pagó con la vida un discurso, seguro lo entendería: en el Senado lo urgente es aprobar; lo importante, ya se verá.
Una plaza con estatua, celdas sin espacio y aulas sin lista.
Este 1 de noviembre el país puso ofrenda a sus muertos; falta que alguien se la ponga a sus pendientes.
